Este artículo es de autoría conjunta con Elisa Fernández, representante de CCOO CSIC en Coordinadora de Marea Roja de la Investigación.

El pasado 19 de julio de 2022 se aprobaba ¡al fin! en el Senado la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación 14/2011. Sin embargo, esta reforma vuelve al Congreso de los diputados ahora en septiembre, ya que el PP nos ha colado la enmienda 76, que fue apoyada por otros grupos parlamentarios, en concreto, por Vox, PNV, UPN, Junts y ERC. Este septiembre se votará la aprobación del texto definitivo. La cuestión de la que dependen decenas de personas está en manos de los diputados que decidirán su aprobación final.

La enmienda “de la discordia” implica discriminar al personal de investigación según la procedencia de los fondos para su contratación. Esto es algo que el Gobierno había querido evitar con la DA10ª y que, finalmente, al cambiar ERC su voto, el Senado ha decidido eliminar con la enmienda 76.

Lo que está en juego el próximo 25 de agosto de 2022 son los derechos laborales de un colectivo que, tradicionalmente, ha sido considerado al margen de los derechos del resto de trabajadoras y trabajadores. Y es que ya en la Ley 14/2011 que se está reformando, el PP consiguió con nocturnidad y alevosía, sin negociación ninguna y con el apoyo del PSOE, incluir la DA23ª. Por ella se aplicaba una excepción laboral al personal de investigación para que no se le aplicaran algunos artículos del Estatuto de Trabajadores y pudieran encadenar contratos temporales más allá de los 3 años. Entonces, exactamente como ahora, ha sido la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la que impulsó el recorte en los derechos laborales del personal de investigación.

Qué dice la CRUE y por qué no tiene razón

Veamos los motivos que alega la CRUE (en 2011 y los que han trascendido en julio de 2022 en las declaraciones de los grupos parlamentarios):

• La ciencia es diferente y requiere de temporalidad debido a su dinamismo y por las fuentes de financiación a través de proyectos competitivos.

La realidad es que sí, las líneas de investigación son dinámicas, pero realmente tienen mayoritariamente financiación estable, que garantiza la continuidad de las investigaciones en marcha. De hecho, lo que ocurre de forma rutinaria es que los grupos de investigación contratan a las mismas personas (postdocs, personal técnico y de gestión,…) con contratos de duración determinada según los proyectos que han conseguido, para después volver a contratar en un alto porcentaje a la misma persona con contrato temporal al obtener el siguiente proyecto. Esto supone gastos de gestión y de indemnización de fin de contrato cada pocos años. Lo que pide el personal de investigación es un contrato indefinido, en vez de la encadenación de contratos temporales.

Además, el colectivo señala que los contratos indefinidos ya se están formalizando sin problemas adicionales en organismos como el CSIC, el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) o el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).

• Discriminación según origen de fondos de contratación.

Según la CRUE, la DA10ª introducida durante la tramitación en el Congreso de los Diputados en la reforma de la Ley 14/2011 supone una discriminación entre los contratos con fondos no competitivos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con respecto al resto de contratos realizados con fondos competitivos.

No obstante, la DA10ª fue introducida para acabar con la discriminación según el origen de los fondos competitivos: si se aprueba la enmienda 76, los y las trabajadoras con contratos que provienen de fondos nacionales tendrán contratación indefinida, mientras que el personal contratado con fondos europeos competitivos continuarán con contratación temporal. Esto provocará que personas del mismo laboratorio y con las mismas funciones tengan distintos derechos en función de si la financiación es nacional o europea.

La permanencia de la contratación temporal asociada a fondos no competitivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se entiende completamente debido al carácter coyuntural de los propios fondos. 

• Aumento de la litigiosidad 

La “litigiosidad” tiene tela. Según el Estatuto de los trabajadores no se pueden encadenar contratos temporales indefinidamente. Así que el personal de investigación empezó a denunciar a los organismos públicos de investigación y universidades por incumplir la ley cubriendo puestos estructurales con contratos temporales encadenados. La ley les dio la razón, convirtiendo a los demandantes en indefinidos no fijos por sentencia. Esta situación de cobertura de puestos estructurales con contratos temporales ha derivado en la necesidad de estabilizar a más de 2000 personas tan solo en el CSIC.

Este fue uno de los argumentos de la CRUE que convencieron al PP para introducir la DA23ª en la Ley de la Ciencia 14/2011. Con ella se pretendía evitar que el personal de investigación reclamara judicialmente y se convirtieran en personal indefinido no fijo, obligando al organismo a sacar una plaza en concurrencia competitiva por cada una de esas sentencias.

Si la enmienda 76 no se incorpora al texto final, el personal de investigación tendrá contratación indefinida sin importar de dónde procedan los fondos para realizar la contratación. Menos litigiosidad que eso no se nos ocurre…

• La aprobación de la medida supondrá un considerable coste económico que podría redundar en la pérdida de proyectos europeos.

CRUE argumenta que la indemnización por fin de contrato de la contratación indefinida equivale a un elevado coste económico que podría impactar y causar la pérdida de proyectos europeos.

En realidad, la indemnización por fin de contrato indefinido pasa a ser de 20 días por año trabajado, en lugar de los 12 días de la contratación temporal. Según calculan los colectivos representantes de los derechos del personal de investigación esto supone un coste añadido de aproximadamente 800€ por año. En términos de investigación esta cantidad es ridícula: no llega para tres anticuerpos de los usados comúnmente en biomedicina.

Lo que se está pidiendo es un cambio de mentalidad: en vez de encadenar contratos temporales indefinidamente, necesitando gestionar la finalización y la nueva contratación, junto con las periódicas indemnizaciones de fin de contrato, se propone la contratación indefinida en la que solo se indemnizaría al trabajador o trabajadora en caso de que la línea de investigación se quedara sin financiación para contratarle. Probablemente, esta opción resulte más económica que la que se viene realizando hasta ahora.

En cualquier caso, cuando nos metemos a analizar los pros y contras económicos, nos estamos olvidando de lo principal: hasta ahora se ha discriminado al sector del personal de investigación en sus derechos laborales cuando se compara con el resto de trabajadoras y trabajadores. La reforma de la Ley de la Ciencia, antes de la fatídica enmienda 76 pretendía corregir esta injusticia para regular la contratación indefinida. El personal de investigación solo está pidiendo que se dignifique su trabajo con los derechos que sí se aplican en el resto de sectores laborales. Solo pide justicia.

En la divulgación científica estamos roncos de gritar que sin ciencia no hay futuro y que la ciencia española no necesita de tijeras. No nos olvidemos ahora del personal de investigación: porque sin sus derechos no hay ciencia que valga, sin el personal de investigación no habrá ninguna ciencia española. Está en nuestras manos, tanto como en las de ellas y ellos, conseguir que nuestros políticos recapaciten y reconozcan los derechos laborales que reducen la precariedad de un sector maltratado desde siempre.

Por eso, únete estos días, y especialmente el 25 de agosto, y tuitea sin control usando los hashtags #NoAEnmienda76 #LeyDeLaCienciaConDerechos, pidiendo a los grupos parlamentarios que voten NO a la entrada de la enmienda en el texto final de la ley. La ministra ya ha dado el pistoletazo de salida 😉 Nos leemos por Twitter.

 

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